Letrán

Pactos de, nombre por el que se conoce comúnmente a los acuerdos firmados en 1929 entre el reino de Italia y el Papado.

El tratado o concordato sentaba las bases de las relaciones entre Italia y la Santa Sede.

Este conflicto, conocido como la cuestión romana, surgió en 1870 cuando el reino de Italia, recientemente constituido, se anexionó los Estados Pontificios. En 1871, el gobierno italiano garantizó al papa Pío IX, por la Ley de Garantías, que tanto él como sus sucesores podrían disponer del Vaticano y de los palacios de Letrán y que se les indemnizaría con la cantidad de 3.250.000 liras anuales por la pérdida de su soberanía y del territorio.

La Iglesia, que denunció la necesidad de mantenerse independiente de cualquier poder político en el ejercicio de su misión espiritual, se negó a aceptar este propuesta; por este motivo, los papas se consideraron prisioneros del Vaticano, una pequeña área situada en el interior de Roma.

El gobierno italiano y la Santa Sede iniciaron las negociaciones para resolver la cuestión romana en 1926.

El fruto de estas reuniones fue el Tratado de Letrán, de 1929, firmado en nombre del rey Víctor Manuel III por Benito Mussolini, el jefe de Gobierno italiano, y en nombre del papa Pío XI por el cardenal Gaspari, su secretario de Estado.

Este documento incluía una cláusula política en la cual se establecía la creación del estado de la Ciudad del Vaticano y se concedía la completa soberanía de este territorio a la Santa Sede.

El Papa se comprometió a mantenerse neutral en todos los asuntos internacionales y a abstenerse de intervenir en ningún conflicto a menos que así fuera solicitado por las partes implicadas.

También se incluía un concordato en el que se declaraba que el catolicismo era la religión oficial de Italia y un apartado económico según el cual la Santa Sede debía recibir una compensación económica por la pérdida de su poder temporal en 1870.

En 1984 se firmó un nuevo tratado con nuevas condiciones, por ejemplo, la retirada de la ayuda financiera a la Iglesia por parte del Estado, y la reafirmación de la aconfesionalidad del Estado, ya contemplada por la Constitución republicana italiana de 1947.